Con el reciente cambio de gobierno mucho se ha escuchado sobre la posibilidad de desaparecer el Outsourcing o régimen de subcontratación de personal como lo denomina la Ley Federal del Trabajo, tema que ha sido materia de discusión por grupos parlamentarios, líderes políticos y medios de comunicación.

En este artículo nos vamos a centrar en la iniciativa de Ley del Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas del Grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta iniciativa de Ley presentada por el Diputado en diciembre del año pasado es muy interesante ya que tiene como objetivo general, derogar en su totalidad la reforma de 2012 a la ley Federal del Trabajo en donde por primera vez se reguló el trabajo en el régimen de subcontratación, también conocido como Outsourcing de personal.

En términos generales la reforma de la ley Federal del Trabajo de 2012 que introdujo la subcontratación u Outsourcing de personal, establece el concepto del trabajo en régimen de subcontratación, la responsabilidad solidaria del beneficiario directo de las tareas del trabajador y los parámetros en los que puede ser utilizado este régimen de trabajo.

Como ya se mencionó, en la iniciativa de Ley analizada en este artículo se pretende derogar por completo la regulación del Outsourcing o subcontratación de personal, esto con motivo que podemos resumir en que empresas que optan por un esquema de subcontratación de personal muchas ocasiones buscan evitar responsabilidades laborales con los trabajadores.

Es innegable que un motivo determinante de empresas para optar por el régimen de Outsourcing de personal sea evitar la responsabilidad laboral con los trabajadores, Sin embargo, ese hecho no tiene por qué ser un motivo negativo, y menos aún contrario a la Ley, pues evidentemente uno de los beneficios del Outsourcing de personal es evitar la responsabilidad solidaria trasladándola a la empresa que presta los servicios de subcontratación de personal.

En ese sentido, siempre y cuando el Outsourcing cuente con los elementos propios para asumir su responsabilidad frente a los trabajadores y se cumplan los criterios del régimen que establece la ley, es irrelevante que el motivo por el cual la empresa que contrató un Outsourcing de personal haya sido evitar responsabilidad laboral, porque esa responsabilidad la va a asumir el Outsourcing de personal, entonces, en un régimen de subcontratación, los derechos laborales del trabajador se encuentran protegidos.

Mas allá del motivo por el que se mandó esta iniciativa de Ley, es importante analizar qué efectos tendría derogar la regulación del Outsourcing en la Ley Federal del Trabajo.

Al respecto cabe decir que antes de que la Ley Federal del Trabajo regulara el Outsourcing de personal, este ya existía, es decir, la subcontratación de personal no nació con una Ley sino por una necesidad de la actividad económica.

Lo anterior no quiere decir que antes de su regulación el Outsourcing fuera ilegal ya que si bien no se encontraba ampliamente regulado, este surge como una necesidad económica que parte de la libertad de comercio que existe en México, en ese sentido la subcontratación de personal regulada o no regulada nunca ha sido una actividad prohibida o ilegal.

En ese sentido, la iniciativa de ley que busca derogar la regulación del Outsourcing implementada en la reforma de 2012, el único efecto que tendrían sería el de volver más flexible a la figura del Outsourcing o subcontratación de personal, pues el mismo seguiría existiendo, pero sin regulación, tal y como existía antes de la reforma de 2012.

El hecho de tener un Outsourcing de personal sin regulación lo único que ocasionaría sería retroceder en la erradicación de aquellos esquemas que violan derechos laborales y afectan la recaudación.

Por lo que la Reforma analizada no sólo es inviable, sino que es contraria a su objetivo general, pues la única forma de erradicar aquellos esquemas semejantes al Outsourcing que violan derechos laborales y afectan la recaudación, es avanzar en su regulación y eficientar los mecanismos de fiscalización en México.

Una reforma que pretenda derogar la regulación existente en materia de subcontratación de personal, sería un paso hacia el pasado, pues hay que recordar que los esquemas semejantes del Outsourcing de personal que tienen como finalidad la violación de derechos laborales y minimizar las cargas fiscales, surgieron precisamente cuando no existía regulación alguna en esta materia, es así que, cancelar la regulación existente volvería más flexible el Outsourcing de personal, situación que no disminuiría los esquemas de violación y evasión sino que los agravaría ante una ausencia de regulación.

Contrario al objetivo general que tiene la iniciativa de ley comentada, el Outsourcing de personal sería perjudicado con una ausencia de regulación, perjudicial a aquel que verdaderamente cumple con sus obligaciones laborales y fiscales, pues hay que recordar que los esquemas de Outsourcing que no cumplen con sus obligaciones laborales y fiscales ni si quiera se encuentran registrados como empresas de subcontratación de personal ante las autoridades, si no que operan a través de empresas de servicios diversos, por lo que la ausencia o excesiva regulación en materia de Outsourcing de personal no afectaría estos esquemas ilegales.

La única forma de erradicar estos esquemas ilegales de Outsourcing, es fortaleciendo el sector de subcontratación de personal y en general el de la tercerización de servicios, y esto no puede darse de otra forma sino trabajando en conjunto con el sector empresarial y las autoridades. Hoy en día, por ejemplo, existen dos asociaciones civiles en México que agrupan a empresas de subcontratación de personal y trabajan con el fin de evidenciar y erradicar a aquellas empresas que están fuera de la Ley y lastiman el sector y la economía.

En efecto, la Asociación Nacional de Empresas de Capital Humano (AMECH); y la Asociación Nacional de Empresas de Tercerización de Personal (ANATER), representan a competidores en el sector que favorecen la económica en México, al utilizar al Outsourcing de personal como un aliado de las empresas productivas de México, brindar oportunidades de empleo formal y aumentar la recaudación de las autoridades fiscales.

Incluso esta última asociación mencionada (ANATER) no solo engloba empresas de capital humano, sino que agrupa en general a empresas de tercerización de servicios cuya fuerza competitiva se encuentra en los recursos humanos, garantizando que las empresas asociadas cumplan con sus obligaciones laborales y fiscales.

En conclusión, ninguna reforma que cancele la regulación en materia de subcontratación de personal, lo prohíba o sobre-regule, va a desalentar los esquemas semejantes que violan derechos y minimizan la recaudación, por el contrario, estos se verían fortalecidos.

Precisando que el Outsourcing de personal y en general la tercerización de servicios que verdaderamente cumplen su finalidad y respetan la legislación, nunca van a desaparecer pues se trata de una necesidad económica que nace con la libertad de comercio, por lo que cualquier propuesta de reforma prohibitiva del Outsourcing o subcontratación de personal violaría la constitución, además de que estaría alejada de la realidad económica de México y el mundo, pues quien asegure que la actividad económica puede subsistir sin Outsourcing de personal o tercerización de servicios, seguramente nunca ha sido empresario ni entiende la realidad global de las empresas, pues es tan necesario el Outsourcing de personal en cualquier economía del mundo, que basta observar en que grado ocupa esquemas de subcontratación de personal el propio gobierno mexicano, lo cual no está mal, simplemente forma parte de su necesidad como la de cualquier empresa.

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Raúl Federico Carbajal Bermúdez

Consultor y Asesor del Consejo de Administración de RedHuman

Abogado especialista en Impuestos, Derecho administrativo y constitucional, el licenciado Raúl Carbajal es socio fundador de Carbajal Bermúdez Abogados, con una amplia trayectoria asesorando empresas en temas de Estructura Corporativa, Planeación fiscal, Comercio exterior y, en Litigio administrativo, constitucional y de impuestos.

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